La caída de Gertz y el gobierno infiltrado

Alejandro Gertz Manero presentó ayer su renuncia como fiscal general de la República, luego de que circularon durante todo el día versiones sobre su salida. En el documento que envió al Senado explicó que deja el cargo porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha propuesto para ser embajador en “un país amigo”. No se retira de la vida pública: cambia de oficina y de fuero tras seis décadas de carrera y a los 86 años.

La salida no fue espontánea. Días antes, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, entregó a la presidenta una carta en la que señalaba la falta de rendición de cuentas de Gertz y su supuesto deterioro físico. Ayer, el Senado sesionó de urgencia mientras el gabinete de seguridad se reunía en Palacio Nacional. No fue un relevo administrativo, sino una operación política de alto nivel para cerrar el ciclo del fiscal heredado de AMLO.

Desde la oposición, sobre todo en el PRI, la lectura fue distinta. Sus senadores acusaron presiones del gobierno para forzar la renuncia y debilitar la autonomía de la fiscalía. La zacatecana Claudia Anaya habló de un ultimátum —renunciar o enfrentar una remoción— y resumió lo ocurrido así: ya no hay autónomo que resista al hiperpresidencialismo. El mensaje político es claro: la fiscalía quedará bajo el control directo del gobierno de Claudia Sheinbaum.

El problema es el momento en que se adquiere ese control. Gertz deja una institución marcada por la justicia selectiva y la sospecha de infiltración criminal. No se olvidan los casos de Salvador Cienfuegos, exonerado a velocidad récord tras el enojo del gobierno por su detención en Estados Unidos, ni el de Alejandra Cuevas, encarcelada por Gertz debido a un pleito familiar que la Suprema Corte terminó anulando por ser insostenible. La autonomía de la FGR fue desigual: dura con sus enemigos, dócil ante el poder político o militar.

A eso se suma algo más grave: el retrato de un gobierno infiltrado. El caso de Raúl Rocha Cantú, empresario ligado al huachicol y al tráfico de armas, evidenció que el crimen organizado no solo corrompe a policías municipales, sino que también compra información dentro de la fiscalía. La detención de la fiscal Mari Carmen Ramírez, acusada de vender datos desde la Femdo, mostró que las fugas no están en los eslabones débiles, sino en el corazón mismo de la investigación contra la delincuencia organizada.

Si se mira lo que ocurre en la FGR y en ciertos mandos de la Marina por redes de huachicol fiscal, el cuadro es inquietante: áreas clave de seguridad y procuración de justicia perforadas por redes criminales con dinero, logística y cobertura política. Frente a eso, controles internos casi inexistentes: sin monitoreo de quién accede a qué expediente, sin auditorías patrimoniales y sin verdadera contrainteligencia.

La renuncia de Gertz puede verse como un relevo institucional o un premio de salida en calidad de embajador. Pero ocurre en medio de un gobierno infiltrado por el crimen y una presidenta que busca mando total sobre la procuración de justicia. Mientras no existan controles reales, da igual quién llegue a la FGR: el siguiente fiscal heredará la misma situación.

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