Miguel Ángel Calvete pasa sus días en la cárcel de Ezeiza, preso por una causa de proxenetismo y acusado de ser uno de los cerebros de la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Su caída en desgracia arrastró a su hija Ornella, a su yerno Javier Cardini, ambos funcionarios de la Secretaría de Industria, y a su hermana Susana, asesora en el Ministerio de Economía. Pero la saga familiar sorprende con un capítulo internacional, hasta ahora desconocido, que involucra a una rama del Cartel de Sinaloa y se cruza con el caso Koldo, la trama delictiva que tiene contra las cuerdas al gobierno de Pedro Sánchez en España.

El protagonista de esta historia es Alejandro Adolfo Calvete, hermano mayor y socio de Miguel Ángel en múltiples emprendimientos. La Justicia española emitió el 5 de diciembre de 2023 una orden de busca y captura contra él como parte de la investigación de una banda de narcos mexicanos, según pudo corroborar LA NACION con fuentes del Poder Judicial y la Agencia Tributaria de ese país.

A Alejandro Calvete, de 68 años, se lo señala como responsable de crear una red de laboratorios en España, Suiza y Portugal con la que se buscó dar apariencia de legalidad a una operación para producir y comercializar drogas a gran escala que terminó con 14 personas condenadas a prisión en marzo pasado. Así consta en un expediente judicial que se tramitó en la provincia de Guadalajara, en la región de Castilla-La Mancha.

La investigación de la Policía Nacional de España y la Agencia Tributaria empezó con sigilo en 2020, cuando desembarcó en Madrid, con intención de radicarse, la familia mexicana Flores Ramos. Sus integrantes llegaron en avión privado y declararon la tenencia de 10 millones de euros en efectivo y oro. De inmediato, empezaron a comprar propiedades y a crear sociedades comerciales.

Al cabo de dos años terminaron presos. En un procedimiento policial de película fueron arrestadas 24 personas y se secuestraron 100 kilos de dosis de marihuana, 37 kilos de cocaína, 10 armas de guerra, 17 autos de lujo, joyas y cuantiosas cifras en billetes de 100 euros. A los detenidos se los acusó de ser un desprendimiento del Cartel de Sinaloa que pretendía montar en España una red transnacional de provisión de drogas. Tenían en el corazón de Europa fincas vigiladas por sicarios, al estilo Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Pero les salió mal.

Calvete fue investigado como presunto responsable de lavado de dinero. Las fuerzas de seguridad no lo encontraron cuando irrumpieron en su domicilio en la provincia de Madrid, según fuentes de la investigación. Ni en ese momento ni nunca más.

En la propiedad se encontraron armas para las que no tenía permiso. Fue procesado por tenencia ilegal y el fiscal pide una pena de dos años de prisión.

“Ya he pagado mucho por haberlo conocido. Seguir hablando de él no podrá compensar el daño que me ha causado”, dijo a LA NACION Antonino Leonardi, que fue CEO de MoonPharm AG, en Suiza, una de las compañías que habrían sido usadas como fachada para el negocio narco. “Todo lo que me dijo durante el tiempo que nos relacionamos resultó ser mentiras que usó en beneficio propio”, agregó.

Ya con la sentencia de la Justicia española sobre los narcotraficantes mexicanos, Calvete se convirtió en una mancha venenosa para sus exempleados. “Era un hombre complicado”, recordó uno de ellos, antes de mencionar que había olvidado borrar para siempre la mención de su empresa como parte de su perfil de LinkedIn.

Otra fuente que lo conoce señala que ya había tenido problemas judiciales por contrabando de oro entre España y Suiza. LA NACION no detectó en registros oficiales una acusación personal contra Calvete por este caso, pero sí que una empresa que él administró entre 2011 y 2012, Iberotunel SL, figura entre las sospechosas de haber integrado en esos años una red que lavó al menos 40 millones de euros mediante la compra-venta de metales preciosos.

LA NACION intentó consultar a Calvete a través de abogados que trabajaron para él o su familia en la Argentina y dejó mensajes en tres teléfonos registrados a su nombre -entre ellos, un móvil español contratado con la empresa Vodafone-, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación. Al menos desde mayo pasado está en Paraguay, según pudo corroborar este medio y creó al menos una empresa desde entonces.

El cártel mexicano

Alejandro Calvete constituyó su red de laboratorios en 2020, justo antes de que los mexicanos aterrizaran en Madrid. La principal sociedad era Viridi Pharmaceutical, cuyo objeto declarado en el registro mercantil era “el cultivo y fabricación de productos y principios activos procedentes del cáñamo para uso medicinal y farmacéutico”.

Días después, se inscribió con el mismo nombre una firma en Suiza, con sede en la comuna de Grono. Además, el nombre de Calvete figura como titular del 90% de las acciones de MoonPharm AG, inscripta en Portugal. En esas fechas otra MoonPharm AG fue creada en Suiza, también con domicilio en Grono y con autoridades compartidas con Viridi. Todas esas sociedades declaran como actividad la producción y venta de productos de cannabis medicinal.

Esa secuencia emprendedora en Europa sucedió meses después de que los dos hermanos Calvete fueron condenados en Buenos Aires por el Tribunal Oral en lo Criminal N°8 a cuatro años de prisión por proxenetismo, acusados de alquilar departamentos a precios exagerados y en condiciones leoninas para que en ellos se ejerciera la prostitución. Alejandro apeló y logró ser absuelto en 2021. Miguel Ángel -exconcejal del Pro en La Matanza e histórico representante de los supermercadistas chinos- tuvo peor suerte. Siguió libre mientras se tramitaban las apelaciones, pero finalmente se ordenó su detención en octubre pasado, justo cuando quedó involucrado en el escándalo Andis como uno de los privados que digitaba licitaciones y compras en el área de Discapacidad. Se supo entonces que era una suerte de titiritero de Diego Spagnuolo, el hombre de los famosos audios, según sospecha la Justicia.

Alejandro Adolfo Calvete Alonso (el apellido materno figura en su documentación española, de acuerdo con la legislación de ese país) creó Viridi el 14 de mayo de 2020. Dos meses después, el 17 de julio, la empresa recibió un préstamo de 460.000 euros de la sociedad Sercopat, según determinó la investigación judicial.

Sercopat había sido fundada por la ciudadana mexicana Lourdes Ramos Vega. Esa sociedad compró una finca en la localidad de Hueva, provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). Allí se instalaron invernaderos para la producción de cannabis, en teoría con finalidades industriales y medicinales. Los laboratorios de Calvete cumplían la función de dotar de “una apariencia de cobertura legal al cultivo” de lo que en realidad era una factoría narco, subraya el expediente.

El predio estaba custodiado por un dispositivo de seguridad que incluía empleados armados y un sistema de banderas en los caminos aledaños. Tenían el plan de construir un búnker, que se frustró por la irrupción policial.

José de Jesús Flores Ramos, el hijo de Lourdes Ramos Vega, fue considerado el cabecilla de la organización criminal: lo condenaron a 22 años de prisión por los delitos de narcotráfico, cohecho y tenencia de armas en un juicio que terminó a principios de este año. Le embargaron, además, 13,3 millones de euros. A su madre le dieron una pena de 12 años.

El caso Koldo

Una de las preocupaciones de la banda de narcos mexicanos era asociarse a un laboratorio especializado en cannabis medicinal que tuviera el permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para producir principios activos, detallaron los investigadores. La hipótesis de la Justicia es que Calvete trabajó para ese objetivo.

Las ramificaciones de sus operaciones lo vincularon con una trama de corrupción española: el llamado “caso Koldo”, que tiene en jaque al gobierno de Pedro Sánchez.

Koldo García era la mano derecha del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, íntimo del presidente Sánchez y secretario de Organización del Partido Socialista. García y Ábalos fueron detenidos hace dos semanas, a raíz de una investigación iniciada con la denuncia de supuestas comisiones ilegales en la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19.

Una publicación periodística del año pasado reveló que Koldo García también había intercedido ante el Ministerio de Salud para conseguir la habilitación de la agencia reguladora española para un laboratorio suizo. ¿El nombre de esa empresa?: MoonPharm AG.

En septiembre de 2020 Koldo García se reunió con Víctor Francos, entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. Según publicó el medio digital Vozpópuli el 7 de julio de 2024, después de aquel encuentro le escribió un correo que decía: “Buenas tardes, te envío la documentación que te he comentado”. Adjuntó un documento en formato pdf que decía: “El abajo firmante, MoonPharm AG, con sede en Suiza y titular de la autorización de Swissmedic para la producción de medicamentos y principios activos, tiene la intención de solicitar a la estimada agencia española de medicamentos el procedimiento a seguir para abrir una sucursal en territorio español y poder obtener las mismas autorizaciones obtenidas en Suiza”.

Lo que se desconocía hasta hoy es que MoonPharm AG integra la red de empresas relacionadas con Calvete que, según el expediente tramitado en la provincia española de Guadalajara, se usó como pantalla legal de los mexicanos detenidos en 2022 y condenados este año.

No se sabe quién fue la persona que habló con Koldo García en nombre de MoonPharm AG. Tampoco si el operador socialista tenía conocimiento de que detrás del laboratorio por el que hizo gestiones podría esconderse una estructura de narcotráfico.

Pero todo indica que la misión fracasó. Así consta en la condena a los jefes del cartel mexicano, firmada el 10 de marzo de 2025: “La organización se había preocupado de dotar a la plantación de cierta cobertura de legalidad (...). La Agencia Española del Medicamento ha informado que nadie en la provincia de Guadalajara tiene autorización para el cultivo de cáñamo con fines medicinales (...). Ni Viridi ni nadie relacionado con la finca de Hueva tenía autorización de ningún organismo competente para el cultivo de cannabis, ni con fines medicinales ni con fines industriales”.

El 16 de mayo de 2022 las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio de Calvete, un chalet en un barrio exclusivo de las afueras de Madrid, con la esperanza de detener a Calvete y llevarse documentación sobre la estructura societaria. Uno de los agentes que llevó adelante la investigación recordó ante LA NACION que Calvete, a quien definió como “el encargado de la ingeniería legal que montó la banda”, se había ido unos días antes del allanamiento.

La Justicia nunca pudo dar con él. “El día que ponga un pie en España termina preso”, dijo una fuente de la investigación.

El acta de la fiscalía -a la que accedió LA NACION- detalló que en ese domicilio de la localidad de Algete se encontraron una pistola Glock, una escopeta, un subfusil, una mira telescópica y varias cajas de municiones. Ante ese hallazgo, la fiscalía lo acusó de tenencia ilícita de arma de fuego y pidió para él una pena de dos años de prisión.

Ese sería un cargo menor, ya que Calvete está bajo investigación -en un apartado de la causa principal- por su rol en el blanqueo de los fondos de la organización criminal. La investigación no podrá ir a juicio mientras Calvete no pise España. Al laboratorio Viridi Pharmaceutical se le revocó el número de identificación fiscal el 27 de septiembre de 2024, por orden de la Agencia Tributaria, en aplicación de la legislación de prevención del fraude fiscal.

El nombre de Alejandro Calvete aparece en los cuadernos que la Justicia secuestró en la casa de su hermano Miguel Ángel durante los operativos de la causa Andis. Los dos fueron socios en una decena de empresas. Una de ellas -Energy Nature Free- incluso fue objeto de investigación de la justicia federal en 2015 por su participación en un controvertido proyecto para instalar una sede del Mercado Central en el barrio de Colegiales.

Lo último que se sabe de Calvete es que el pasado 30 de mayo inscribió una sociedad en Paraguay, Power Capital Energy, dedicada a “realizar actividades comerciales por cuenta propia o de terceros”. Entró y salió varias veces a ese país en los últimos meses, según reconstruyó LA NACION de fuentes oficiales. La empresa paraguaya está registrada en una casa de Lambaré, en las afueras de Asunción. “Alejandro vino la semana pasada por aquí”, dijo una mujer que atendió a este medio y aclaró que Power Capital no tiene empleados. Este martes Calvete tenía que asistir allí a una supuesta asamblea de accionistas, pero nunca se presentó.