La industria de alimentos ultraprocesados, al banquillo

El 2 de diciembre de 2025, el Fiscal de la Ciudad de San Francisco, David Chiu, presentó una demanda contra once de los mayores fabricantes de alimentos ultraprocesados (AUP): The Kraft Heinz Company; Mondelez International, Inc.; Post Holdings, Inc.; The CocaCola Company; PepsiCo, Inc.; General Mills, Inc.; Nestlé USA, Inc.; Kellanova; WK Kellogg Co.; Mars, Incorporated; y ConAgra Brands, Inc.

El escrito de 64 páginas sostiene que los AUP son productos reconfigurados industrialmente para volverlos hiperpalatables y favorecer el consumo compulsivo.

A ello se suma una estrategia de mercadotecnia dirigida a menores (personajes, promociones cruzadas con juguetes y medios infantiles) y a comunidades de menores ingresos, dando como resultado que alrededor de 70% de la oferta alimentaria en ese país ya es ultraprocesada.

No es la primera vez que las autoridades de Estados Unidos ajustan cuentas con una industria. A finales de los años noventa, 46 estados demandaron a las grandes tabacaleras por el daño a la salud y los costos públicos asociados al tabaquismo.

Aquella ofensiva concluyó en 1998 con un acuerdo por más de 200 mil millones de dólares y restricciones estrictas de mercadotecnia.

Este antecedente es importante. La demanda contra los AUP describe un supuesto traslado de tácticas de la gran industria tabacalera hacia alimentos y bebidas.

A partir de los años sesenta y setenta, conglomerados de la industria del tabaco adquirieron empresas de comestibles, aprovechando las millonarias investigaciones que ya habían realizado sobre el comportamiento humano y las tácticas de mercadeo que otrora utilizaron para vender cigarrillos.

El centro de la disputa será la libertad. La industria invocará la libertad de elección y la responsabilidad individual. La fiscalía intentará probar lo contrario: que la combinación de formulaciones hiperpalatables y publicidad dirigida a menores restringe esa libertad, porque induce al consumo compulsivo.

Las acusaciones están hechas; ahora falta que puedan probarse. La etapa de “discovery” (pruebas) será la que incline la balanza.

En México no hay, hasta ahora, precedentes equivalentes contra toda una industria alimentaria. Pero existe la vía: tanto el Código Federal de Procedimientos Civiles como el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regulan las acciones colectivas.

Están legitimadas para actuar PROFECO, que encabeza César Iván Escalante Ruiz, y la FGR, que ahora dirige Ernestina Godoy, entre otras autoridades, así como asociaciones civiles.

Dadas las estadísticas de obesidad y diabetes en nuestro país y el hecho de que tenemos uno de los consumos per cápita de refrescos más altos del mundo (en torno a 160–166 litros anuales), no puede descartarse del todo que el Estado mexicano busque una compensación similar en un futuro.

Si la demanda de San Francisco logra acreditar que la industria sabía y persistió en prácticas dañinas y engañosas, es razonable que el litigio se replique en otras jurisdicciones.

POST SCRIPTUM. A diferencia del litigio contra las tabacaleras en los años noventa, esta demanda contra los AUP no contará con el respaldo de la Casa Blanca. El presidente Trump es conocido por su afición a la comida rápida; se dice que incluso tiene un botón en la Oficina Oval para pedir refresco de cola. Por ello, es previsible que las autoridades federales no respalden las acusaciones del fiscal de San Francisco, una ciudad eminentemente demócrata.