El patrón Trump continúa: mucho ruido y ningún resultado que mostrar

El gobierno federal sigue afirmando que existe un fraude masivo en sus programas de ayuda médica, pero ha sido poco transparente sobre dónde se encuentra y qué se está haciendo al respecto. Además, los funcionarios argumentan que si se detuviera el fraude, el déficit federal desaparecería.

En cambio, una campaña antifraude aparentemente partidista ha contado con el vicepresidente JD Vance en el papel principal, etiquetando a los estados demócratas como indiferentes o incompetentes a la hora de detectar el fraude. Todo parece especialmente irritante cuando los ejemplos que Vance promueve son en general el resultado de investigaciones estatales ya realizadas o de la posibilidad de fraude, que inevitablemente involucran programas destinados a inmigrantes a quienes la ley ya prohíbe recibir beneficios.

Lo que falta es una rendición de cuentas real y con evidencias sobre lo que se supone que está mal, en lugar de afirmaciones desordenadas y sin pruebas de que se están desperdiciando miles de millones de dólares públicos. Al igual que los legendarios pero desacreditados hallazgos de los esfuerzos DOGE de Elon Musk hace un año, hay mucho discurso sobre el fraude sin evidencia que respalde las afirmaciones repetidas frecuentemente por Vance.

De hecho, los informes periodísticos sobre las presentaciones de Vance lo muestran a él o al Dr. Mehmet Oz, jefe de la agencia que supervisa Medicare y Medicaid, discutiendo las posibilidades de encontrar fraude sin mostrar nuevos casos.

Como señala TalkingPointsMemo.com, Donald Trump usó su discurso sobre el Estado de la Unión para ofrecer "una afirmación absurda, fantástica y rápidamente desmentida: una vez que el vicepresidente JD Vance tuviera la oportunidad de erradicar el fraude de los programas de servicios sociales de los estados azules, el presupuesto federal estaría equilibrado y el déficit desaparecería".

Para nada. A pesar del bombo, todavía hay una enorme y rápidamente creciente deuda federal y ninguna lista de defraudadores.

La Casa Blanca ha decidido que Minnesota, California y ahora Maine están ignorando deliberadamente (por razones políticas) o de forma incompetente los requisitos de elegibilidad de Medicaid o las declaraciones fraudulentas en los programas de reembolso de cuidado infantil. Al parecer, el fraude que continuó durante la primera administración Trump no debería contar.

La campaña comenzó en serio después de que Trump decidiera atacar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros funcionarios estatales que se oponen a los esfuerzos de deportación de Trump, a raíz de informes —algunos verdaderos, otros no— de que había habido esquemas fraudulentos de cuidado infantil en ese estado. Trump lo politizó todo al vincular esos esquemas —que habían sido procesados tras investigaciones estatales— con los esfuerzos de Walz para proteger a los inmigrantes somalíes involucrados con el fin de obtener su apoyo electoral.

Poco después de nombrar a Vance para encabezar un esfuerzo de la Casa Blanca para investigar el fraude, el gobierno señaló a los estados azules como malos actores en la presentación de reembolsos gubernamentales.

La semana pasada, Vance fue anfitrión de fiscales generales republicanos —Vance no invitó a los demócratas hasta el último momento, por lo que boicotearon la sesión— y dejó claro que utilizará esta comisión antifraude como otra arma en la campaña de retribución que Trump está librando contra los estados azules, reteniendo fondos federales como forma de castigo por diversas e imprecisas infracciones.

Vance dijo que los estados deberían centrarse en el gasto en servicios sociales de Medicaid y señaló que el Departamento de Salud y Servicios Humanos revisaría cómo los estados utilizan sus Unidades de Control del Fraude de Medicaid —irónicamente, las mismas personas que con mayor frecuencia procesan casos de fraude de proveedores de Medicaid. De hecho, los estados señalan que los recortes generalizados en Salud y Servicios Humanos han dificultado mucho más la investigación del fraude.

Si bien existe acuerdo en que existe cierto fraude en el gasto federal, no hay evidencia de que sea tan generalizado como afirma el equipo Trump ni que se dé únicamente en los estados azules. Para mantener incluso sin cambios el gasto deficitario, por ejemplo, la cantidad de fraude tendría que ser el triple de lo que estima la Oficina de Contabilidad del Gobierno.

Estos cargos públicos de fraude se refieren en gran medida a proveedores que cobran al gobierno por una guardería que no tiene personal, como ejemplo de Minnesota. El propio Medicare/Medicaid dice que la mayor fuente de "fraude" está en las prescripciones médicas exageradas que resultan del laberinto que los médicos deben atravesar para marcar las casillas correctas para el reembolso.

Esta misma semana, ProPublica publicó un análisis que muestra más de 100 millones de dólares al año gastados en procedimientos vasculares médicamente cuestionables para pacientes levemente afectados.

Pero esta campaña de Vance quiere culpar a la falta de supervisión de los estados demócratas por gastar ilegalmente en o para migrantes indocumentados, o por permitir categorías de beneficiarios de ayuda no elegibles.

La GAO publicó un estudio en 2024, durante los años de Joe Biden, que estimó que el fraude en todo el gobierno fue de entre 233.000 millones y 521.000 millones de dólares entre 2018 y 2022 (incluidos los años del COVID). La GAO recopiló datos de casos procesados, de informes del inspector general y del fraude confirmado reportado a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) por las agencias. Utilizó 46 estudios sobre fraude para construir su modelo y concluir que las pérdidas anuales por fraude ascendían a entre el 3 y el 7 por ciento del gasto gubernamental. Eso es lo que los Centros de Medicare y Medicaid también informan.

Vance sigue diciéndoles a los periodistas que en "solo dos meses" el grupo de trabajo antifraude que ha liderado para la administración Trump ha "expuesto miles de millones de dólares en beneficios que han sido robados al pueblo estadounidense". Vance afirma que el grupo de trabajo ha diferido fondos de defraudadores que buscaban préstamos para pequeñas empresas y reembolsos de Medicaid, y ha recuperado fondos "robados" de los programas de ayuda por el COVID.

Gran parte de lo que Vance reporta ya ha sido procesado o detenido, o se cree que es la posible fuente de fraude. No es nuevo material de investigación. Vance impuso una suspensión de seis meses en las nuevas inscripciones de hospicios y atención médica domiciliaria, el cierre de 780 centros de hospicio, y afirmó haber detenido 1.300 millones de dólares en fraude. ¿Cómo es eso una evidencia? El grupo de trabajo remitió 22.000 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas para revisión, otros 6.000 millones en contratos gubernamentales y 60 millones en pagos de ayuda estudiantil. Llamarlos fraude no los convierte en fraude, en un delito. Vance afirma que California y Minnesota están ignorando aumentos en el fraude que estimó en miles de millones sin enumerar el quién, el qué y el cómo.

Por el momento, asumamos que todo es verdad. Para comparar, el déficit federal acumulado se estima en alrededor de 24 billones de dólares, con costos crecientes de los programas de servicios sociales, intereses y, por supuesto, recortes de impuestos. Las estimaciones de fraude de la GAO no son ni de lejos suficientes para equilibrar ese déficit.

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